La Corte se negó a poner on line sus declaraciones de bienes

Suprema-JusticiaEn forma unánime, el máximo tribunal rechazó un pedido de Carrió y reivindicó su propio reglamento de acceso a esos documentos. Con las firmas de sus cinco integrantes, incluidos los dos nuevos jueces propuestos por el actual Gobierno e incorporados en las últimas semanas al tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reivindicó ayer su propio reglamento para la difusión pública de las declaraciones juradas de bienes de sus miembros.

"Corresponde hacer saber a los presentantes que la acordada 9/2014 resulta una reglamentación constitucionalmente apropiada del régimen normativo vigente y que, por ende, toda petición deberá adecuarse al procedimiento aprobado por el Tribunal", dijeron unánimemente Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Esa fue la respuesta del tribunal al pedido de los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, quienes pretenden la difusión pública de todos los datos patrimoniales de los jueces de la Corte, incluidos los contenidos en el anexo reservado preservado por el tribunal y sólo accesible ante un requerimiento judiciial o del Congreso de la Nación.

La solicitud de la líder de la Coalición Cívica y socia de la alianza gobernante pareció ser respaldada el mes pasado por el gobierno del presidente Mauricio Macri cuando la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, invitó a los jueces de la Corte a publicar sus declaraciones juradas en el sitio web del organismo, tal como ocurre con los funcionarios de otras reparticiones del Estado.

Sin embargo, tras un análisis de la normativa vigente a lo largo de siete carillas, el máximo tribunal decidió por unanimidad reivindicar su propio sistema a través de la resolución 2449/16 firmada ayer y difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ). Fuentes de la Corte se quejaron de que los legisladores pidieran en su presentación que se declarara la inconstitucionalidad de la acordada 9/2014 cuando ello debiera ser planteado eventualmente en un juicio contencioso administrativo.

La Corte recordó en el texto firmado ayer que en mayo pasado ya había habilitado la consulta de las declaraciones juradas de sus miembros ante un pedido similar de ambos legisladores. Aquella vez, sin nombrarla pero claramente dirigido a ella, Lorenzetti había tenido duros cuestionamientos hacia Carrió. El presidente de la Corte había sido denunciado penalmente el año pasado por la líder de la Coalición Cívica por supuestas inconsistencias en su patrimonio. La causa fue sobreseída.

Carrió y Sánchez pretenden que sea de acceso directo para el público por internet lo que hoy está catalogado como reservado. Ello abarca a los bienes registrados a nombre de los cónyuges o convivientes de los miembros de la Corte y a lo que respecta a sus "hijos no emancipados".

Además, lo que no es directamente público pero sí peticionable ante el procedimiento establecido por la Corte dos años atrás, refiere a la identificación precisa de propiedades inmuebles, el origen de los fondos empleados para su adquisición, así como también vehículos o embarcaciones con números de patente y matrícula, por ejemplo.

Ese anexo reservado tambien contiene datos sobre "títulos, acciones, valores, participación en sociedades y otras inversiones financieras, en el país y en el extranjero", así como la identificación de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, entre otros rubros.

Además, los jueces de la Corte están obligados en ese anexo reservado a consignar deudas y acreencias, "créditos hipotecarios, prendarios y comunes", otros ingresos aparte de los del Poder Judicial y antecedentes laborales previos al ejercicio de la magistratura.

En su resolución de ayer, los cinco ministros del máximo tribunal dijeron que la difusión de sus declaraciones juradas "debe armonizar distintos aspectos que no se agotan en la publicidad" y mencionaron expresamente "la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados", lo que, recordaron, es protegido por la Constitución.

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